Decenas de mujeres afectadas por cáncer de mama han iniciado acciones legales contra la Junta de Andalucía tras conocerse fallos en los protocolos de cribado mamográfico. Las denuncias apuntan a una negligencia sistemática que habría impedido la detección precoz de tumores. Mientras tanto, el portavoz de VOX en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha exigido una comisión de investigación parlamentaria para esclarecer responsabilidades políticas en el llamado “caso mamografías”.

El origen del escándalo: cribados fallidos y silencio institucional. El caso salió a la luz tras las denuncias públicas de decenas de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en estadios avanzados, quienes aseguran no haber sido citadas para mamografías de control a pesar de pertenecer a grupos de riesgo. Según testimonios recogidos por medios nacionales, algunas llevaban más de cinco años sin recibir citación alguna del sistema sanitario andaluz.

La asociación AMAMA (Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama) fue una de las primeras en denunciar esta situación ante la opinión pública, argumentando que la falta de seguimiento en los programas de cribado mamográfico constituye una grave negligencia institucional con consecuencias devastadoras.

En respuesta, un grupo de afectadas ha decidido interponer una denuncia colectiva contra la Junta de Andalucía. Su objetivo es que la justicia investigue posibles irregularidades en la gestión de los programas de detección precoz del cáncer de mama.

Los testimonios son contundentes: mujeres que no recibieron seguimiento médico tras cirugías, otras que no fueron informadas de su derecho a revisiones periódicas, y muchas que aseguran haberse sentido ignoradas por el sistema sanitario.

“Esto no es un error puntual, es un patrón de desatención que pone vidas en riesgo”, declara una de las abogadas que coordina la denuncia colectiva.

Reacciones políticas: VOX exige una comisión de investigación

El escándalo ha generado reacciones políticas de alto voltaje. Manuel Gavira, portavoz de VOX en el Parlamento andaluz, ha exigido la creación de una comisión parlamentaria de investigación para esclarecer la responsabilidad del Gobierno de la Junta en la gestión de los programas de cribado.

“El Parlamento andaluz no puede mirar hacia otro lado. Es inadmisible que tantas mujeres hayan sido abandonadas por el sistema”, declaró Gavira en rueda de prensa, añadiendo que su grupo parlamentario solicitará formalmente la creación de dicha comisión en el próximo pleno.

Aunque la Junta ha asegurado estar recopilando información, hasta la fecha no se ha producido ninguna comparecencia oficial del consejero de Salud.

El impacto en la salud pública: un fallo del sistema

Expertos en salud pública han advertido que este tipo de fallos en los protocolos de cribado pueden tener consecuencias a gran escala. El diagnóstico precoz es clave para mejorar la tasa de supervivencia del cáncer de mama, y cualquier interrupción en ese proceso pone en riesgo vidas.

Andalucía, una de las comunidades con mayor población femenina en edad de riesgo, podría haber fallado en su deber de garantizar el acceso equitativo a la prevención del cáncer.

¿Qué protocolos se saltaron? La pregunta clave

Según AMAMA y otras asociaciones, el programa de cribado no solo habría dejado fuera a miles de mujeres, sino que además carece de mecanismos de control y evaluación. No hay datos oficiales transparentes sobre cuántas mujeres han quedado fuera del sistema, ni existe un plan de auditoría independiente que permita esclarecer qué falló y por qué.

El programa de cribado mamográfico en Andalucía forma parte de la estrategia nacional de detección precoz del cáncer de mama, dirigida a mujeres de entre 50 y 69 años. La Junta de Andalucía tiene la responsabilidad de garantizar que todas las mujeres de este grupo reciban invitaciones periódicas para realizar mamografías gratuitas. Sin embargo, informes de asociaciones y testimonios ciudadanos apuntan a que durante años no se realizó un seguimiento adecuado.

Este escándalo recuerda a otros episodios de desatención sanitaria en los últimos años, donde errores administrativos o falta de recursos han provocado consecuencias graves para pacientes crónicos y enfermedades de alta prevalencia.

El “caso mamografías” se ha convertido en un símbolo de cómo los fallos estructurales en los sistemas sanitarios pueden tener consecuencias dramáticas para la ciudadanía. La presión política crece, las mujeres afectadas alzan la voz y las instituciones deberán responder ante una sociedad cada vez más atenta y crítica. La creación de una comisión parlamentaria podría ser el primer paso para esclarecer los hechos y recuperar la confianza en el sistema público de salud andaluz.